Un tribunal federal de Estados Unidos ha dado la razón a Anthropic en el principal frente judicial abierto contra el Pentágono. La jueza Rita F. Lin ha concluido que las medidas adoptadas contra la empresa por sus críticas a la política militar sobre inteligencia artificial fueron ilegales y carecían de una base suficiente para considerarla un riesgo para la cadena de suministro.
La resolución, de 59 páginas, convierte en definitivo el revés que la Administración ya había sufrido de manera cautelar en marzo. El Gobierno conserva la capacidad de elegir con qué proveedor de IA trabaja, pero no puede utilizar las herramientas de contratación y seguridad nacional para imponer represalias amplias por una discrepancia pública.
La sentencia anula la designación de riesgo
El conflicto se originó cuando la empresa rechazó retirar dos límites aplicados al uso de Claude: la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y las armas completamente autónomas. La empresa aceptaba otros usos legales relacionados con la seguridad nacional, aunque no llegó a un acuerdo con el Departamento de Defensa sobre esas dos excepciones.
Después de romperse las negociaciones, la Administración anunció que las agencias federales dejarían de utilizar los productos de Anthropic. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también calificó a la compañía como riesgo para la cadena de suministro y extendió la prohibición a empresas que quisieran contratar con el Pentágono, incluso cuando su relación comercial con Anthropic no guardara relación con trabajos militares.
Lin ha determinado que esas medidas respondieron principalmente al propósito de castigar la postura pública de Anthropic, sin una justificación concreta que indicara que la compañía pudiera sabotear su modelo. La sentencia sostiene además que la invocación genérica de la seguridad nacional no permite penalizar a quienes critican al Gobierno ni imponer consecuencias tan extensas.
El fallo deja sin efecto la designación examinada en este procedimiento e impide aplicar las medidas federales cuestionadas. Tampoco obliga al Pentágono a contratar de nuevo a Anthropic, mantener Claude en sus sistemas o escoger a la empresa para futuros proyectos. La diferencia es importante: el Departamento puede cambiar de proveedor por razones operativas, pero debe hacerlo sin convertir una discrepancia contractual y política en una sanción general.
El litigio sobre Claude todavía tiene otro frente abierto
Anthropic presentó la demanda en marzo y describió la actuación gubernamental como una campaña de represalias. La compañía defendía que la figura del riesgo para la cadena de suministro existe para proteger los sistemas públicos frente a amenazas reales y que, en este caso, se había utilizado para responder a sus restricciones sobre determinados usos militares de la IA.
La sentencia final amplía la protección obtenida en la fase cautelar. En marzo, la misma jueza ya había suspendido temporalmente la designación y la orden que exigía retirar a Claude de los organismos federales. Ahora ha resuelto el fondo de ese procedimiento y ha considerado vulnerados los derechos constitucionales de Anthropic por el carácter punitivo de las medidas.
Queda pendiente un proceso distinto y más limitado ante el tribunal federal de apelaciones de Washington. Ese segundo caso examina otra vía legal utilizada por el Pentágono para declarar a Anthropic un riesgo de suministro. Ese procedimiento no queda resuelto por la decisión firmada ahora por Lin. Por tanto, la sentencia de California cierra el litigio principal a favor de la compañía, pero todavía no pone fin a toda la disputa judicial.
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